Los integrantes de la Asociación Civil para la solución habitacional de los trabajadores y trabajadoras de las empresas socialistas de Guayana y poder popular, (Asoctraemsgpop) siguen en la búsqueda de justicia ante la estafa que sufrieron y que significó el robo de 60 mil dólares por parte del presidente y su asistente de dicha asociación, Ismael Coa y Luis Riva.
A través de escritos introducidos ante la Fiscalía Superior en Puerto Ordaz y en el Instituto Nacional de Tierras (Intu) mantienen su denuncia.
Ante el hecho evidente de que la Fiscal Décimo Quinta Emily Hernández no avanza con respecto al cumplimiento de los pasos para que estas familias logren justicia, han decidido acudir ahora ante el Fiscal General Tarek William Saab para tratar de lograr justicia.
Un número indeterminado de familias tiene más de 10 años luchando por recibir el terreno con su correspondiente urbanismo en la zona de la Avenida Atlántico en el sector Villa Peonía.
El terreno está allí, en un lateral de la avenida frente al centro comercial del mismo nombre, pero no hay urbanismo, ni casas.
Eso a pesar de que pagaron religiosamente las cuotas solicitadas por Ismael Coa y Luis Rivas, así como su secretaria y aunque terminaron pagando 60 mil dólares, aun no hay nada.
La fiscal Décimo Quinta hizo su trabajo e incluso no terminaba de accionas porque decía que esperaba las actas de declaración que funcionarios de la Guardia Nacional le habían tomado a los afectados.
Las actas llegaron pero la abogado no mantuvo la celeridad del caso y tampoco tomó las acciones necesarias, por eso ahora, van a acudir ante el Fiscal General, Tarek William Saab para ver si pueden lograr justicia.
Están pidiendo que aparezcan los 60 mil dólares que entregaron los vecinos, que les entreguen sus terrenos y que dejen de acosarlos con matones y delincuentes que los enfrentan cada vez que intentan ingresar a sus terrenos.
Los integrantes de la asociación se resisten a creer que la Fiscal Décimo Quinta, Emily Hernández fue presionada para que dejara el caso sin solución debido a que Coa asegura tener padrinos en el ámbito político regional del Psuv.
Este caso tiene más de cinco años y hasta ahora no hay salida. Los miembros de la asociación además quieren advertir a los residentes de Guayana que no caigan en los cuentos de camino del señor Coa y Rivas que pretenden seguir captando incautos, pidiéndoles dinero para acometer servicios, cuando en realidad, lo han hecho durante años y no hay ni un surco para sembrar y mucho menos para algún tipo de tubería, de aguas servidas, blancas, o electricidad.
Advierten los afectados por la estafa que las asambleas convocadas por Coa y Rivas, en abril y mayo de este año, son írritas porque además de violentar varios artículos de los Estatutos de funcionamiento de la Asociación, ellos están inhabilitados para tomar decisiones sobre la asociación por cuanto son objeto de acusaciones de estafa.
