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    Ocho años de la desaparición de Jennifer Mora

    Luego de un almuerzo familiar, la hija menor de Yennys Sánchez, Jennifer Paola Mora (18), comunicó a sus seres queridos la intención de ir esa tarde del 20 de noviembre de 2016 a un balneario cercano llamado “Mi Bohio”.

    A pesar del mal presentimiento de la madre, quien además tenía siete meses de embarazo, esta dio el permiso para que sus dos hijas salieran con unas amistades a recrearse.

    Jennifer, joven estudiante universitaria y porrista, desapareció esa tarde en el balneario luego de comunicarle a su hermana mayor que tenía ganas de ir al baño, y desde entonces comenzó el infierno de su familia.

    La joven y su hermana mayor salieron de casa alrededor de las dos de la tarde junto con unas amistades: dos mujeres jóvenes (que Sánchez no pudo identificar) y cuatro hombres. La madre reconoció a tres de ellos, comenta que eran amigos que sus hijas conocían desde el colegio.  

    A las cinco y media de la tarde llegó la hora para que Sánchez buscara a sus hijas al balneario. “Sentí que ese día oscureció más rápido que nunca”, comenta. Entró con su vehículo a un camino de tierra que llevaba al sitio. Llamó por teléfono a su hija mayor, pero se dio cuenta que ella ya la esperaba en la entrada.

    —Mami, no consigo a Paola.

    —¿Cómo así que no consigues a Paola? —Sánchez casi grita, no podía creer lo que su hija mayor le decía.

    Jennifer no está

    En algún momento de la tarde, mientras su hermana mayor se servía un trago para luego acompañarla, Jennifer fue al baño sola para no volver. Cuando Sánchez llegó al sitio, las amistades de sus hijas ya habían empezado la búsqueda.

    Enseguida, la madre fue al baño con la esperanza de ubicar alguna señal de que su hija estuviera allí, pero sólo encontró un paquete de toallitas húmedas.

    “Me quedé buscando hasta que todo el mundo empezó a irse porque vino una patrulla de policía a sacar a la gente”, cuenta Sánchez, quien se acercó a los funcionarios para decirles que su hija menor llevaba rato sin aparecer. Alega que los funcionarios no les brindaron el apoyo.

    Cayó la noche durante la búsqueda sin resultados. Dentro de su desesperación, encontró refuerzos en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que estaban cerca del lugar, estos sí acudieron al llamado de ayuda.

    “La policía no nos quiso prestar el apoyo, porque dijeron que teníamos que esperar 72 horas”, agrega Sánchez, y además opina que es demasiado tiempo de espera para buscar a una joven desaparecida: “Yo creo que eso se debería agilizar de inmediato”.

    Cabe destacar que, si bien se trata de un modo de actuar comúnmente efectuado por los funcionarios receptores de denuncias, no existe ninguna ley venezolana que ampare la espera de 72 horas para empezar la búsqueda de una persona desaparecida.

    Sánchez, las amistades de sus hijas y los guardias que se animaron a prestar apoyo, se fueron a medianoche del balneario sin obtener ninguna pista de Jennifer.

    Durante el año 2023, las cifras de personas desaparecidas según lo monitoreado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) llegaron a 1443 en todo el país.

    Por otro lado, estados al sur de Venezuela como Bolívar, conocidos por su actividad minera, entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 registraron 77 personas desaparecidas en el contexto del Arco Minero del Orinoco, de acuerdo a una investigación realizada por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) junto a periodistas independientes.

    Buscar sin rumbo

    Fueron a “Mi Bohio” al día siguiente para seguir buscando por sus propios medios mientras esperaban que se cumpliesen las 72 horas. Para esto, Sánchez armó un grupo con familiares y amistades que prestaron apoyo, pero no lograron ningún avance.

    Una vez cumplido el plazo, Sánchez logró interponer la denuncia de la desaparición de Jennifer al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el municipio Caroní. La madre cuenta que las amistades que acompañaron a la joven esa tarde en el balneario fueron interrogadas todo el día por los funcionarios: “Les decomisaron los teléfonos y empezaron las investigaciones. El Cicpc fue al balneario a tomar fotos, a mirar, pero hasta allí. Seguí yendo a ver cómo iba el caso y me decían que estaban en averiguaciones”.

    Sánchez, embarazada de gemelas, angustiada por la incertidumbre y la falta de respuestas, continuó la insistencia hacia las autoridades para que dieran con el paradero de Jennifer. En la segunda semana, una inspectora del Cicpc, quien, como cuenta la madre, fue la persona encargada del caso para ese momento, preguntó por la documentación de la joven desaparecida.

    Confiada en que la funcionaria sabía lo que hacía, Sánchez alega que entregó el pasaporte de Jennifer a la misma, sin saber que no volvería a ver el documento. “Me dijo: ‘dame el documento para yo indagar los datos’ (…) yo me confié, de verdad que yo me confié y entregué el pasaporte de Paola al Cicpc porque eran los que me iban a ayudar”.

    No existe en Venezuela ninguna ley que avale que los funcionarios policiales o receptores de denuncias deban pedir o decomisar cédulas o pasaportes de personas desaparecidas. No lo plantea la Ley Orgánica de la Identificación, ni ninguna otra.

    Sánchez no abandonó sus viajes a las oficinas del Cicpc, la barriga hinchada por el embarazo no fue impedimento alguno. En una ocasión, fue atendida por un comisario que le comunicó que habían cambiado a la persona encargada de su caso. “El pasaporte ahí se quedó; no me lo entregaron nunca, hasta el sol de hoy. Se desapareció”, se lamenta.

    Llevó el caso a Fiscalía: “Me toman la denuncia y hacen un oficio para que me entreguen el pasaporte de mi hija y el expediente. A los días, recibieron el expediente en Fiscalía, pero no el pasaporte”.

    Una madre contra la apatía de las autoridades

    La búsqueda por parte de los funcionarios duró una semana, como alega la madre de Jennifer. Pero incluso después de dar a luz, continuó asistiendo a las oficinas de las autoridades que se supone que investigaban el caso, y siguió sin obtener avance alguno o novedades sobre el paradero de su hija.

    La incertidumbre la llevó también a pensar en la posible complicidad de las amistades de sus hijas con respecto a la desaparición de Jennifer, pero no había nada que pudiera hacer como civil para investigar y comprobar la culpabilidad de nadie.

    El 23 de marzo de 2019, dos años y cuatro meses después de la desaparición de Jennifer, Ciudad Guayana se conmocionó con el caso de Ángela Aguirre, adolescente de 16 años que desapareció en el río Caroní luego de salir en una lancha desde el Club Ítalo con amistades.

    El cuerpo de Ángela fue encontrado dos días después, y la primera autopsia reveló señales de violencia sexual y traumatismo craneoencefálico.

    Los familiares denunciaron ante la opinión pública que al cuerpo le fue aplicada una segunda autopsia sin el conocimiento de los mismos, la cual reveló que presuntamente el ahogamiento fue accidental, pero fue desmentido más adelante por las pruebas y las investigaciones.

    En 2021, tras casi dos años iniciado el juicio por el caso, el Tribunal Primero de Juicio de Violencia Contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, sentenció a dos de los siete imputados por el caso de Aguirre a 29 años de cárcel, uno por femicidio agravado y otro por cómplice.

    Este caso llegó a oídos de Yennys Sánchez, y a raíz de lo sucedido con Ángela Aguirre conoció en 2021 a una activista llamada Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola (asesinada en 2014 durante una manifestación en el estado Miranda), cuya fundación lleva el nombre de su hija.

    “Ella me ayudó a hacer oficios y me hizo acompañamiento. Pasamos una carta a Tarek William Saab (Fiscal General) y ese año redactamos varios oficios en Caracas. En Delitos Comunes me asignaron a un fiscal llamado Regino Cova, que es el último que ha manejado el caso de Paola”, cuenta Sánchez, “desde 2021 hasta ahora no se ha agilizado nada más”.

    Presunto caso de trata de personas

    Una pequeña luz de esperanza apareció poco después. En 2022, Yennys y su hija mayor recibieron mensajes de un hombre desconocido mediante la red social Facebook. Él les aseguraba que había visto a Jennifer Paola en un club nocturno en Bogotá, Colombia, en un presunto contexto de explotación sexual.

    El desconocido contó a Sánchez que presuntamente contrató los servicios de su hija Jennifer Paola, y que esta empezó a contarle su situación, pidiéndole ayuda. Según el relato, la joven dio los nombres de su madre y su hermana al hombre, y fue así cómo éste las contactó a ambas por la red social.

    Intentaron idear un plan para identificar a la joven, pero el hombre les relató que no podía introducir teléfonos ni cámaras al sitio donde presuntamente la joven estaba siendo sexualmente explotada, debido a la seguridad del lugar. Era riesgoso intentarlo, así que con el tiempo el desconocido dejó de contactarlas y no supieron más de él. Con su alejamiento, se iba la pequeña ilusión de encontrar a Jennifer a seis años de su desaparición.

    La vida sin Jennifer

    El equipo de psicólogas de Codehciu, con amplia experiencia en la atención a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género y a familiares de personas desaparecidas, explica que el duelo en casos de desaparición tiene diferencias clave en comparación al duelo que se vive por una muerte: “Cuando ocurre la desaparición de una hija o hijo, existe una desaparición física, súbita e inesperada que causa un profundo dolor como si fuese una muerte, pero sin la certeza misma de que en realidad no se volverá a ver nunca más a la persona desaparecida. Esto inicia un proceso de duelo que no logra tener resolución.”

    “Durante el duelo ocurren procesos cognitivos y emocionales que permiten la adaptación a la nueva realidad; la realidad en la que ya no está la persona fallecida”, relata una de las expertas, “pero en la desaparición, la esperanza de encontrar a la persona, ante la falta de evidencia de la ausencia de vida (un cadáver) no permite que estos procesos cognitivos y emocionales se den. No hay una pérdida objetiva concreta, en el mundo interno de sus dolientes no está muerto, no hay cadáver, ni está vivo”.

    Yennys ahora cría a sus dos gemelas de 7 años. Tiene, además, un hijo de 23 y a su hija mayor de 29.

    Jennifer Paola cursaba el tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) y tenía la meta de empezar otra carrera al mismo tiempo: psicología. Un compromiso que su madre estaba segura que la joven podía alcanzar porque siempre fue muy estudiosa. En casa la recuerdan como alguien inteligente y divertida.

    En 2024, estaría cumpliendo 26 años de vida y cumplirá 8 de desaparecida.

    Han vivido una gran parte de su vida sin Jennifer. Pero Yennys aún la evoca todos los días. A las gemelas les cuenta historias sobre su hermana desaparecida. Cuando van a comer, la madre siempre llama a Jennifer como si aún estuviera en la casa con ellos. “Mi corazón siempre me ha dicho que mi hija está viva y eso me ha mantenido firme para continuar buscándola”, afirma, “porque verla, tenerla… es lo que quiero”.

    Prensa Codehciu.org

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