El gobierno prepara la privatización de entre 500 y 600 empresas públicas, de las cuales 350 ya están listas para ser transferidas a la administración de inversionistas prioritariamente nacionales, a través de venta directa o de alianzas entre el Estado y el capital privado.
El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, señaló que el propio jefe del Estado, Nicolás Maduro, le comunicó el interés del Ejecutivo en dar prioridad al capital privado en esta iniciativa, que está coordinando el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab.
«El Presidente me mostró un proyecto referido a una ampliación de la Siderúrgica en Guayana, con la incorporación de equipos modernos para incrementar su capacidad de producción 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero», recordó Pisella.
Y añadió: «en ese particular, se me manifestó la pertinencia de que también se involucrara la parte privada en esta inversión, lo cual me pareció bien. Evidentemente, había muchos ceros y le dije que podríamos montar un grupo para traer un conjunto de inversionistas. El presidente me dijo que la prioridad era conseguir inversionistas venezolanos».
En otra reunión la vicepresidenta Delcy Rodríguez amplió detalles y advirtió que el Estado está en disposición de involucrar a inversionistas nacionales en proyectos de producción petrolera y gasífera.
En concreto, el inventario de empresas a privatizar está en manos del Ministerio de Industria y Producción Nacional, a cargo de Alex Saab, por lo que el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, dijo que se iniciará un proceso para revisar los casos y determinar en cuáles empresas pueden entrar capitales nacionales privados y en qué condiciones.
«No es el método Chevron»
El titular de Conindustria, Luigi Pisella, dejó meridianamente claro que, independientemente de la participación que tengan inversionistas privados en cada empresa, serán los socios particulares los que gestionarán integralmente estas compañías.
«La vicepresidenta Rodríguez hizo una corrección cuando alguien le mencionó que este era el modelo Chevrón, y dijo que, en realidad, es el modelo Venezuela, porque fue el Estado el que decidió el manejo de las empresas mixtas petroleras y otorgó la gestión a los socios privados», apuntó Pisella.
Para el dirigente gremial, este elemento en particular es generador de confianza para el capital privado interesado.
Consultado sobre las eventuales garantías que el sector privado podría solicitar para entrar en el proceso, debido a que no existe un panorama claro sobre cómo están estas empresas, Pisella advirtió que lo primero es evaluar caso por caso.
«Tenemos que hacer el levantamiento de cada empresa. En algunos recorridos que hemos hecho, de manera puntual, en muchos de los casos el mantenimiento se ha hecho y por eso es que de 600 que podrían salir a oferta, ya están listas 350. Presumo que estas 350 son las que ya están más o menos en condiciones adecuadas para colocarse en el mercado», señaló el presidente de Conindustria.
«En todo caso, creo que esta es una iniciativa muy importante y va claramente en la dirección correcta, porque es necesario que estas empresas pasen a la administración de gente con experiencia y capacidad de gestión», precisó.
«No hay un esquema definido»
El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, enfatizó que no existe un esquema definido para la transferencia de estas empresas a manos privadas.
«Todo está sobre la mesa. Pueden ser ventas directas o alianzas público-privadas, donde el Estado conserve una participación. Nada está descartado«. manifestó.
«Debe mantenerse la flexibilización de sanciones»
Por otra parte, el presidente de Conindustria remarcó la urgente necesidad de que se mantenga la flexibilización de las sanciones que existen contra entidades estratégicas del Estado venezolano y que afectan a todo el país.
A su juicio, para que este proceso de incorporación de capital privado a empresas en manos del Estado funcione, no pueden seguir en vigor sanciones que impiden hacer negocios con participación del Ejecutivo, de manera que estas medidas representan un obstáculo fundamental.
«En el año 2013, el producto interno bruto per cápita estaba cercano a los 12.000 dólares por año y hoy, si bien arrancamos en el año 2021 en 2000 dólares, estamos en 3000. Necesitamos recuperar crecimiento y consumo para que la utilización de la capacidad instalada se incremente», señaló.
Igualmente, recalcó que el Estado necesita obtener más recursos para hacer inversiones indispensables en servicios, como la electricidad y se apuntale la gestión macroeconómica.
«Los ingresos del Estado tienen que, no solo mantenerse, sino seguir aumentando para que la desaceleración de la inflación se produzca y se consolide. Creo que vamos en el sentido adecuado», recalcó Pisella.
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