La administración del presidente Donald Trump contempla extender de manera significativa su política de restricciones migratorias, con la posible inclusión de 36 nuevos países cuyos ciudadanos podrían enfrentar la prohibición total o parcial de ingreso a Estados Unidos.
Según un cable interno del Departamento de Estado, firmado por Marco Rubio, al que tuvo acceso la agencia Reuters, los países afectados dispondrían de un plazo de 60 días para cumplir con ciertos requisitos de seguridad e identificación. De no hacerlo, se les podría imponer una suspensión de entrada.
Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas migratorias adoptadas por Trump al inicio de su segundo mandato, que han incluido deportaciones masivas, como la de cientos de venezolanos enviados a El Salvador bajo sospecha de vínculos con pandillas, y mayores restricciones a estudiantes extranjeros.
El cable destaca múltiples razones para considerar a estos países como «preocupantes», entre ellas la incapacidad o falta de cooperación gubernamental para emitir documentos de identidad confiables, la debilidad en la seguridad de sus pasaportes, y la negativa a recibir ciudadanos que Estados Unidos intenta deportar.
También se mencionan antecedentes de que algunos nacionales han participado en actos de terrorismo, discursos antisemitas o actividades hostiles a Estados Unidos.
Entre los países mencionados en la lista figuran Angola, Camboya, Egipto, Ghana, Siria, Uganda, Zambia y Zimbabwe, entre otros.
Si se concreta la medida, representaría una expansión considerable a la proclamación firmada por Trump a comienzos de este mes, que ya vetó la entrada de ciudadanos de 12 países, incluidos Afganistán, Irán y Yemen.
Además, otras siete naciones, entre ellas Venezuela, Cuba y Laos, ya enfrentan restricciones parciales bajo la política actual.
Durante su primer mandato, Trump impulsó una medida similar que prohibió la entrada a viajeros de siete países de mayoría musulmana.
La política fue objeto de fuertes controversias legales y terminó siendo avalada por la Corte Suprema en 2018.
Un portavoz del Departamento de Estado, sin confirmar los detalles del documento filtrado, afirmó que Estados Unidos “revisa de manera continua sus políticas migratorias para proteger la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la ley”.
El Cooperante