Ciudad Guayana. – Los Gremios Empresariales Unidos del municipio Caroní expresaron su agradecimiento y respaldo a la iniciativa impulsada por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, orientada a la revisión de las tarifas del servicio de recolección de desechos sólidos, así como del documento de contratación y el decreto que lo regula.
Los representantes empresariales dejaron claro que no cuestionan la calidad del servicio prestado por la empresa contratada Fospuca, sino que rechazan las altas tarifas vigentes y la forma compulsiva e impositiva en que se ejerce la cobranza, lo que ha generado preocupación en el sector productivo local.
Señalan que Fospuca mantiene más de 150 demandas activas en los tribunales, además de otras en proceso, lo que consideran una violación al debido proceso y al derecho a la defensa.
En el marco del llamado realizado por el gobierno regional, los gremios presentaron ante la presidenta de la Cámara Municipal de Caroní, Norkys Díaz, un documento que contempla siete puntos prioritarios para la conformación de una mesa técnica.
Sugieren que esta instancia debe instalarse a la brevedad posible y estar integrada por la gobernación del estado Bolívar, la alcaldía de Caroní, la cámara municipal, el síndico procurador, representantes del sector empresarial y de la empresa Fospuca.
Los puntos propuestos son:
1. Desbloqueo del portal de la Alcaldía de Caroní, a fin de que empresarios y comerciantes puedan realizar oportunamente sus declaraciones de impuestos, evitando así la imposición de multas y sanciones por retrasos no imputables a ellos.
2. Suspensión de los embargos ejecutados por Fospuca, los cuales carecen de justificación adecuada y respaldo legal. Esta medida ha provocado el cierre de operaciones de más de 500 empresas, ahuyentando la inversión en el municipio y favoreciendo el crecimiento del comercio informal.
3. Revisión de empresas con ingresos cero o locales sin actividad, hay casos como las zonas industriales donde existen establecimientos que tienen dimensiones superiores a los 2.000 m², pero solo utilizan espacios reducidos —por ejemplo, 100 m²— para operaciones puntuales. Sin embargo, la tarifa por concepto de aseo urbano se calcula sobre la totalidad del área, lo que representa un costo excesivo y desproporcionado.
Cabe destacar que las zonas industriales no generan grandes volúmenes de desechos sólidos, sino principalmente residuos y desperdicios propios de sus procesos productivos. Esta misma situación se presenta en el sector construcción, donde la generación de desechos es limitada y no se corresponde con las tarifas aplicadas bajo el esquema actual.
4. Revisión y ajuste de tarifas, mediante nuevas propuestas que se ajusten al marco legal y respeten los derechos de los contribuyentes, lo cual implica la modificación del Decreto N.º 008 emitido por el Ejecutivo Municipal. El municipio Caroní es el único donde se aplican tarifas elevadas bajo esta metodología de cobranza. En otras localidades donde la empresa Fospuca presta el mismo servicio, no se presenta esta situación.
5. Suspensión de pagos en moneda extranjera y la indexación de los montos establecidos en los acuerdos contratados para la recolección de desechos sólidos. Los comerciantes rechazan esta metodología de pago, ya que los obliga a realizar transferencias a cuentas bancarias en el exterior, lo cual consideran inapropiado y ajeno a la realidad económica del municipio.
6. Restitución de las funciones de recaudación y toma de decisiones a la municipalidad, conforme al marco legal vigente. A la empresa Fospuca se le han atribuido competencias que exceden su naturaleza como prestadora de servicios, tales como la recaudación de impuestos y la adopción de decisiones administrativas, funciones que corresponden exclusivamente a los órganos públicos y no a una empresa privada.
7. Relleno sanitario. El relleno sanitario no existe y según es competencia de la Gobernación del estado Bolívar. A pesar de ello, la empresa Fospuca realiza el cobro por este servicio utilizando la plataforma de Corpoelec —empresa pública encargada del suministro eléctrico— esto lo utilizan como mecanismo de presión. Esta práctica obliga a empresarios y comerciantes a cancelar montos por un servicio inexistente, bajo la amenaza de afectar el acceso al suministro eléctrico, lo cual se considera una medida coercitiva e improcedente.
Los comerciantes y empresarios no se niegan a pagar el servicio de aseo urbano; por el contrario, reconocen la importancia de cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, manifiestan que las tarifas impuestas por la empresa Fospuca son excesivamente elevadas, lo que les impide realizar los pagos de manera sostenible. Esta situación afecta la continuidad de sus actividades económicas y pone en riesgo la estabilidad del sector comercial en el municipio.
Prensa Biesur
