El juez Leonard Stark, del tribunal de Delaware, desestimó este miércoles una moción presentada por la minera Gold Reserve, que buscaba descalificar la oferta de una filial de Elliott Investment Management por la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum.
De acuerdo con Reuters, la decisión llega en un momento crucial, ya que la próxima semana se iniciará la audiencia final de la subasta. Este proceso busca liquidar las acciones de Citgo para pagar a los acreedores de Venezuela.
La controversia se intensificó el pasado mes cuando el oficial judicial a cargo del proceso seleccionó la oferta de $5.900 millones de Amber Energy, filial de Elliott, como la mejor opción.
La razón principal de este cambio es que esta propuesta incluye un pago en efectivo de $2.1 mil millones, destinado a resolver específicamente la reclamación de los tenedores del bono de Pdvsa.
Esta recomendación generó objeciones inmediatas, incluida la moción de Gold Reserve, cuya filial, Dalinar Energy, había elevado su oferta a $7.900 millones.
La minera y otros acreedores argumentan que el acuerdo de $2.100 millones para pagar a los tenedores de un bono venezolano en mora, incluido en la oferta de Amber Energy, privaría a otros acreedores de ganancias legítimas.
Juez pide centrarse en los méritos de las ofertas de Amber y Dalinar
Ante los recursos interpuestos, el juez Stark instó a las partes a centrarse en los méritos de las ofertas de Amber y Dalinar durante la audiencia.
Dicha audiencia, que tendrá una duración de cuatro días a partir del próximo lunes, contará con la participación de acreedores, testigos y expertos.
El tribunal no descarta, hasta ahora, la posibilidad de una segunda ronda de testimonios en octubre.
Gold Reserve, que cotiza en la bolsa canadiense, se centra principalmente en la gestión y monetización de una serie de reclamaciones legales y arbitrales, luego de la expropiación de sus activos mineros en Venezuela. Asimismo, ha participado en el proceso judicial como postor y acreedor.
¿Qué sucede con los bonistas?
Fue en el año 2016 cuando el gobierno de Nicolás Maduro emitió más de 1 000 millones de dólares en deuda por medio de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2020 y puso como garantía el 50 % de las acciones de Citgo.
El Ejecutivo emitió los bonos sin contar con la autorización de la Asamblea Nacional de 2015, controlada en ese entonces por la oposición.
Venezuela se encontraba, en aquella época, en una grave crisis de recesión e hiperinflación, y además sancionada por EE. UU., por lo que el flujo de caja se hacía cada vez más pequeño.
En consecuencia, el gobierno cayó en default con los bonistas, quienes están reclamando el pago de sus papeles en efectivo o con las acciones de Citgo, que actualmente están protegidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
El impago de la deuda haría que los tenedores se queden con el control mayoritario de la compañía.
Desde 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense ha emitido licencias que impiden que los tenedores actúen contra Citgo, se embarguen o vendan sus acciones.
El Cooperante
