Los nombres de ocho jueces más del estado Bolívar están en la lista que funcionarios del Sebin deben ir a buscar para trasladarlos a la sede de este organismo de seguridad.
Hace aproximadamente quince días, los funcionarios detuvieron a Carlos Eduardo Retiff Vahlis, presidente del Circuito Judicial Penal; a la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa y del fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes.
Por ahora quienes sustituyen a estos temporalmente son: Ingrid Colmenares como nueva fiscal superior; Leixa Collins de Rodríguez como jueza rectora; y a Carmen Natalia Moreno en la presidencia del Circuito Judicial Penal.
El fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo, hijo del magistrado emérito de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exdiputado del extinto Movimiento Quinta República, también figura en la lista de aprehendidos. En uno de sus perfiles en redes sociales señala que fue Analista Judicial I en el TSJ.
Pero en Ciudad Bolívar también habrían sido detenidos, el fiscal IV relacionado con casos de drogas y el presidente del circuito judicial. Y está desaparecido otro funcionario de nombre Julio Martínez.
En Nueva Esparta la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano, habría sido detenida.
Al parecer el proceso de “limpieza interna” que adelanta el ministerio de Interior, Justicia y Paz, sigue adelante.
Los detenidos en Carabobo, pertenecientes al ministerio público son Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Alejandro Osorio Pimentel, Ángel Eulice Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángelo José Dorta Sivira, quien estuvo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta 2018.
Aunque el martes 9 de septiembre, se informó de la captura de Pedro Manuel Amaya Ortíz y Freddy Jesús Franco Araque, fiscal provisorio y fiscal auxiliar primero del estado Carabobo.
Entre los señalados figuraba Luis Enrique Maldonado Vásquez, quien, según versiones de prensa, se suicidó.
A los ahora exfuncionarios que han caído en lo que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha denominado como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”, se les ha imputado los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.
Según una nota de La Gran Aldea, fuentes judiciales ponen en duda el número de detenciones ofrecido por Saab en el estado Carabobo y hay quienes la rebajan a solo dos.
“A los demás los imputaron, pero les otorgaron una medida sustitutiva de libertad”, aseguró un confidente.
No solo son fiscales
Señala la nota de La Gran Aldea que casi una docena de funcionarios han sido aprehendidos en otros estados, por los organismos de seguridad e inteligencia, y entre ellos destaca parte del círculo de colaboradores más cercanos del fiscal general de la República, Tarek William Saab; así como a jueces y abogados.
En Caracas, los abogados Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, directores de Delitos Comunes, contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, respectivamente, fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en los últimos días, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
El mismo Mundaray publicó en la red social X que habría sido designado como nuevo director general de Delitos Comunes Luis Ernesto Dueñez, el mismo fiscal que pidió la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia y quien lleva el caso de su yerno, Rafael Tudares, detenido en enero de 2025.
También habría sido detenido el fiscal 67 Nacional, Farik Karin Mora Salcedo, uno de los dos encargados de investigar el llamado caso Pdvsa-Cripto, la trama de corrupción presuntamente liderada por Tareck El Aissami, exministro del Petróleo, que desfalcó al menos 16.960 millones de dólares, a la empresa estatal petrolera y que tuvo ramificaciones en la Superintendencia de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras empresas públicas.
Carmen Carrillo