Mauricio Torres y Michael Ríos/ CNN en Español
La familia de un colombiano que se cree murió en un ataque de EE.UU. contra un bote en el Caribe ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que se cree es la primera denuncia contra este tipo de operaciones militares.
La petición, presentada el martes por el abogado estadounidense especialista en derechos humanos, Dan Kovalik, alega que el pescador colombiano Alejandro Carranza murió cuando Estados Unidos impactó su embarcación frente a las costas de Colombia el 15 de septiembre.
Afirma que Estados Unidos llevó a cabo una ejecución extrajudicial en violación de los derechos humanos de Carranza.
Kovalik declaró a CNN que buscan una compensación para su familia y el fin de estas muertes, pero no dio más detalles sobre cómo se cumplirían esas demandas.
Trump y Hegseth dicen que no sabían de ataque posterior a embarcación con sobrevivientes
“Estos muertes violan el derecho internacional. Violan la ley estadounidense. Queremos que esto cese, y creemos que este es al menos un primer paso para que eso suceda”, declaró.
La denuncia señala al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, como autor del atentado, afirmando que “fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y del asesinato de todos sus ocupantes”.
También afirma que la conducta de Hegseth fue “ratificada” por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
El Pentágono remitió las preguntas a la oficina del presidente y CNN se ha puesto entonces en contacto con la Casa Blanca.
Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menos 83 muertos.
Estados Unidos ha intentado justificar legalmente sus ataques alegando que las embarcaciones transportaban personas vinculadas a aproximadamente dos docenas de cárteles de la droga que participan, según Washington, en un conflicto armado con Estados Unidos.
La Casa Blanca ha afirmado reiteradamente que las acciones del Gobierno “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, el ámbito del derecho internacional diseñado para prevenir ataques contra civiles.
La Casa Blanca afirma que un segundo ataque en el Caribe fue ordenado por un almirante que actuó «dentro de sus facultades»
Trump afirmó que el ataque del 15 de septiembre había matado a tres “narcoterroristas de Venezuela” que transportaban drogas a Estados Unidos.
Pero Kovalik afirma que Carranza, ciudadano colombiano, simplemente estaba pescando marlín y atún cuando murió en el ataque. “Eso era lo que hacía. Era su profesión y su vocación”, dijo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró anteriormente que Carranza había sido pescador de toda la vida, sin vínculos con el narcotráfico, y que su embarcación emitía una señal de socorro debido a daños en el motor.
Petro admitió posteriormente que Carranza pudo haber aceptado dinero para transportar mercancías prohibidas debido a su situación financiera, pero afirmó que “nunca sus acciones merecieron la pena de muerte”.
Petro anunció el lunes que Kovalik había iniciado una “defensa judicial” para la familia de Carranza y afirmó que su país debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar lo que él consideraba “delitos” en el Caribe.
Kovalik afirmó que la petición que presentó el martes en nombre de la esposa y los hijos de Carranza es la primera queja formal contra los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, y que cree que se presentarán más.
“Ese es un objetivo. Es uno de nuestros objetivos. Vamos a hacer justicia a estas personas”, declaró a CNN.
La CIDH afirma en su sitio web que las peticiones presentadas ante la comisión permiten a las víctimas de violaciones de derechos humanos obtener ayuda.
Si las peticiones son aceptadas, la CIDH afirma que formulará recomendaciones al país responsable de las violaciones “para prevenir la repetición de hechos similares, investigar los hechos y reparar los daños causados”.
CNN se ha puesto en contacto con la CIDH, la familia de Carranza y el Gobierno de Colombia para obtener más información.
La petición se presentó el mismo día en que la CIDH emitió un comunicado expresando su preocupación por los ataques de Estados Unidos.
La comisión insta a EE.UU. a “garantizar que todas las operaciones de seguridad, incluidas las que se llevan a cabo fuera de sus fronteras, sean coherentes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección del derecho a la vida, el uso de la fuerza, las garantías del debido proceso y los mecanismos de rendición de cuentas”, se lee en el comunicado.
Kovalik también fue contratado para representar a Petro el 24 de octubre, día en que fue sancionado por Estados Unidos, acusándolo de participar en el tráfico ilícito mundial de drogas. Petro ha negado las acusaciones.