El Gobierno de Estados Unidos planea proteger los futuros ingresos por exportaciones de petróleo venezolano de la incautación por parte de acreedores con sede en territorio norteamericano, que tienen reclamaciones por valor de miles de millones de dólares contra Caracas y la empresa estatal PDVSA.
Las medidas estadounidenses han dado un nuevo giro a la saga de varios años para subastar la refinería Citgo, propiedad de PDVSA, como parte de una venta ordenada por un tribunal.
Una orden ejecutiva firmada por Trump el 9 de enero amplía la prohibición de embargar propiedades venezolanas con sede en Estados Unidos, a los ingresos procedentes de la venta de crudo venezolano y otras materias primas energéticas.
La administración estadounidense ha declarado que planea comercializar las materias primas energéticas venezolanas en nombre del país sudamericano, y que los ingresos se mantendrán en cuentas bancarias controladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las ventas de crudo venezolano facilitadas por Estados Unidos habían reportado 500 millones de dólares hasta el 14 de enero, y se esperan ventas adicionales «en los próximos días y semanas», según un funcionario estadounidense.
Los cargamentos de crudo venezolano vendidos en transacciones facilitadas por Estados Unidos están alcanzando precios más altos que antes de la salida forzosa del presidente del país, Nicolás Maduro, hace dos semanas, según afirma el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
A principios de este mes, Trump encargó a Wright la gestión de la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano en almacenamiento flotante y en tierra.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien Trump describió el 14 de enero como una «persona estupenda» por su cooperación con las demandas de Estados Unidos, podría disponer de al menos parte de esos ingresos.
Sin embargo, la Administración estadounidense no ha explicado cómo distribuirá los fondos.
Simpatía por los confiscadores
El año pasado, Trump justificó el aumento del despliegue militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro el 3 de enero al argumentar la necesidad de restituir las propiedades de las empresas estadounidenses que Venezuela había expropiado.
Sin embargo, la Administración Trump ha afirmado su autoridad sobre Caracas tras la destitución de Maduro, y ahora Trump se muestra mucho menos dispuesto a ayudar a las empresas estadounidenses a reclamar la restitución.
«No vamos a fijarnos en lo que la gente perdió en el pasado, porque fue culpa suya», dijo Trump al director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, durante una reunión con los directores de las compañías petroleras en la Casa Blanca el 9 de enero.
Trump aconsejó a Lance que «amortizara» la reclamación por expropiación de 12 000 millones de dólares, al sugerir que «lo recuperará, de una forma u otra».
La posibilidad de pérdidas futuras es un factor que frena a las grandes empresas estadounidenses, a pesar de que Trump presiona para que reanuden sus actividades en Venezuela.
«Nos han confiscado nuestros activos allí dos veces», le dijo el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, a Trump el 9 de enero.
«Así que, como puede imaginar, volver a entrar por tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente aquí y a la situación actual».
Dos días después, Trump se quejó de que ExxonMobil estaba «jugando demasiado».
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