Un grupo de trabajadores de una empresa coreana que le prestaba servicios a Pdvsa en Anzoátegui, está desde el 2018 solicitando que les paguen lo que se les adeuda por concepto de liquidación.
Vía redes sociales hicieron la denuncia. Precisaron que son 1200 familias, que “han ido disminuyendo porque algunos han fallecido, mientras otros se han marchado del país”.
Mediante un escrito denunciaron que la empresa cuando paralizó labores les dijo que pronto comenzarían a trabajar otra vez como contratista de Pdvsa, “pero eso nunca ocurrió. Y además se marcharon y les pagaron a unos 300 dólares y a otros nada”.
Estamos solicitándole a la presidenta Delcy Rodríguez, que ya que en marzo se reinicia la actividad laboral en este sector del estado Anzoátegui, aspiramos no sólo a que nos paguen sino también a que se nos de trabajo”.
Precisaron, en su escrito que todos son profesionales, hay albañiles, cabilleros, electricistas, mecánicos, instrumentistas, aparejador de carga, choferes. Señalan que se han vencido tres contratos colectivos y no les han pagado nada.
No han dejado de luchar. Aseguran que todos sus derechos laborales fueron violentados; ni el sindicato petrolero ni la inspectoría del trabajo procuraron resolver la situación a los padres y madres de familia que laboraban con la empresa coreana.
Dentro de las precisiones hechas, los trabajadores acusaron formalmente a quien actuaba como inspector del trabajo, Rusbel Rondo y a la ciudadana María Carvajal, de dedicarse “a fatigarnos, a atormentarnos, desconocieron nuestros derechos y se pusieron de lado de la empresa contratista”.
Queremos justicia, dijeron. Queremos que la presidenta encargada Delcy Rodríguez haga que la Ley se cumpla, que el Fiscal Tarek William Saab, investigue este caso, concluyeron.
Nota de redacción
