La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha emitido una contundente advertencia sobre el riesgo extremo que representan los métodos actuales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Según la funcionaria, el despliegue de agentes federales que actúan sin identificación clara, vestidos de civil o con los rostros cubiertos, se ha convertido en un peligro directo para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Esta falta de transparencia en los operativos migratorios impide que los residentes puedan distinguir entre una autoridad legítima y un delincuente, elevando la probabilidad de incidentes violentos en las comunidades.
Mayes calificó estas tácticas como una «receta para el desastre», señalando que la presencia de individuos enmascarados irrumpiendo en propiedades privadas genera una confusión letal.
En un estado con leyes de armas permisivas, la actuación de agentes federales que parecen civiles constituye una amenaza a la paz pública.
La fiscal subrayó que el uso de tácticas de intimidación y la ausencia de uniformes oficiales no solo vulneran los derechos civiles, sino que exponen tanto a los agentes como a los ciudadanos a situaciones de riesgo innecesario.
La preocupación radica en que estos métodos agresivos se han intensificado recientemente bajo directrices federales, chocando frontalmente con la seguridad jurídica local.
Para la fiscalía, es imperativo que cualquier fuerza de seguridad actúe bajo los principios de visibilidad y rendición de cuentas.
De lo contrario, los operativos de control migratorio seguirán siendo percibidos como una incursión peligrosa que pone en vilo la tranquilidad de los hogares en Arizona, transformando una labor administrativa en un escenario de potencial conflicto armado.
El derecho a la autodefensa ante la falta de identificación
En el marco de esta situación, la fiscal Mayes recordó que la ley de Arizona es clara en cuanto al derecho a la autodefensa y el uso de fuerza letal.
Los residentes tienen la facultad legal de defenderse si consideran razonablemente que su vida, su propiedad o su integridad están en peligro ante individuos que irrumpen de manera violenta o sospechosa.
Al presentarse sin identificaciones visibles, los agentes del ICE se sitúan en una posición vulnerable, ya que los dueños de casa tienen el derecho jurídico de reaccionar ante lo que perciben como una amenaza criminal inminente.
La legislación estatal permite a los ciudadanos proteger sus hogares y vehículos mediante el uso de la fuerza si se sienten amenazados por personas cuya identidad es incierta.
Mayes enfatizó que, en el contexto de Arizona, un oficial federal con el rostro cubierto y ropa de civil difícilmente será identificado como autoridad en un momento de tensión.
Esta desconexión entre los métodos federales y la realidad jurídica local crea un escenario donde el derecho a la legítima defensa podría ser ejercido contra agentes gubernamentales debido a su propia negligencia táctica.
La fiscal general insistió en que su principal deber es proteger a los ciudadanos de Arizona frente al uso desproporcionado de la fuerza y la opacidad de las agencias federales.
Hizo un llamado a la transparencia y al respeto de las leyes locales para evitar tragedias derivadas de la retórica agresiva proveniente de la Casa Blanca.
La seguridad de los residentes estadounidenses debe estar por encima de los métodos tácticos cuestionables, garantizando que el ejercicio de la autoridad no se convierta en una amenaza para la vida de aquellos a quienes se supone deben proteger.
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