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    Fiscalía dominicana pidió juicio contra dueños del Jet Set a un año de la tragedia

    El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó el lunes enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025 causando 236 muertos y más de 100 heridos.

    Después de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara el inicio formal de la audiencia tras dos aplazamientos, los fiscales hicieron un resumen del documento acusatorio, que contiene 156 páginas.

    Durante años, los dueños del Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a «ninguna» institución, «por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación», lo que, «constituye una inobservancia a la ley» y «una muestra de negligencia de parte de los mismos», afirmaron los fiscales.

    «Estas negligencias e imprudencias en la edificación y el manejo del Jet Set se mantuvieron de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente con el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informales e instalaciones de elementos sin ningún tipo de evaluación especifica o especializada para medir su capacidad de carga», añadieron y subrayaron que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

    La indignación de los familiares se ha volcado contra el hecho de que los principales acusados, el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat , permanecieron en libertad.

    A pesar de las acusaciones de homicidio involuntario por «conducta negligente e imprudente», los hermanos Espaillat fueron liberados poco después de su arresto tras hacer efectivo el pago de una fianza equivalente a 842.500 dólares.

    Esta situación generó una fuerte protesta el lunes frente a la audiencia, donde las familias denunciaron la disparidad entre la magnitud de la pérdida y la situación legal de los administradores.

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