La decisión de incorporar al ejército estadounidense a la lucha contra las drogas es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles.
La orden establece una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles, algo que ha preocupado y mucho a quienes imaginan que se pueda repetir la invasión a Panamá.
Según el New York Times, «oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos, según informaron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las delicadas deliberaciones internas».
Segun informa el diario, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, incluyendo si se consideraría «asesinato» si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.
No está claro qué han dicho los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la nueva directiva, ni si la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia ha emitido una opinión autorizada que evalúe las cuestiones legales.
Cuando regresó a la presidencia en enero, Trump firmó una orden que ordenaba al Departamento de Estado que comenzara a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (conocida como MS-13) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían “una amenaza para la seguridad nacional, superior a la que representa el crimen organizado tradicional”.
Al ser preguntada sobre la autorización del Sr. Trump para el uso de la fuerza militar contra los cárteles, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”.
Mientras el Departamento de Defensa se negó a comentar sobre la noticia.
Cabe recordar que la participación militar estadounidense en el pasado en la lucha contra las operaciones antidrogas en Latinoamérica ha superado en ocasiones los límites legales. Sin embargo, esas operaciones se enmarcaron como un apoyo a las autoridades policiales.
En 1989, el presidente George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a su líder, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Antes de la operación, William P. Barr, quien entonces dirigía la Oficina de Asesoría Jurídica y fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, redactó un polémico memorando en el que afirmaba que Bush tenía la autoridad para ordenar arrestos de fugitivos en el extranjero por parte de las fuerzas del orden sin el consentimiento de otros Estados.
La Asamblea General de las Naciones Unidas condenó la acción panameña como una «flagrante violación del derecho internacional».
Pero la nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o eliminen directamente a personas involucradas en el narcotráfico.
Etiquetar a los cárteles como grupos terroristas permite a Estados Unidos «utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, o lo que sea, para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo», declaró el jueves Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, en una entrevista con el medio católico EWTN.
«Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico».
Especialistas legales afirmaron que, según la legislación estadounidense, imponer sanciones contra un grupo declarándolo entidad «terrorista» puede bloquear sus activos y dificultar que sus miembros realicen negocios o viajen, pero no otorga autoridad legal para operaciones de guerra dirigidas contra él con la fuerza armada.
Durante su primer mandato, Trump quedó fascinado por la idea de bombardear laboratorios de drogas en México, una idea que su entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, calificó posteriormente de absurda en sus memorias, y que provocó la indignación de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la idea de usar la fuerza militar arraigó entre los republicanos y se convirtió en un tema de conversación en el ciclo electoral de 2024.
Trump prometió durante la campaña electoral desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para, en sus propias palabras, declarar la guerra a los cárteles.
El contralmirante retirado James E. McPherson, quien se desempeñó como principal abogado uniformado de la Armada a principios de la década de 2000, afirmó que sería una «grave violación del derecho internacional» usar la fuerza militar en territorio de otro país y sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones, pero que dichas limitaciones no se aplican a buques sin bandera en aguas internacionales.
También existen restricciones legales nacionales. El Congreso autorizó legalmente el uso de la fuerza militar contra Al Qaeda tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero dicha autorización no se extiende a todos los grupos que el poder ejecutivo califica de terroristas.
Esto significa que la acción militar contra los cárteles aparentemente tendría que basarse en una alegación sobre la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, tal vez contra las sobredosis de fentanilo.
El Cooperante