El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció en la noche de este martes que ordenó la suspensión de comunicación y trato con agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen ataques con misiles a embarcaciones en el mar Caribe.
El Reino Unido también decidió suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, argumentando que no quiere ser “cómplice de los ataques militares estadounidenses”, que considera “ilegales”, según fuentes consultadas por CNN.
Además del Reino Unido, Canadá ha optado por distanciarse de estas operaciones.
Aunque mantiene la colaboración con la Guardia Costera estadounidense, rechaza que su inteligencia sea utilizada para seleccionar embarcaciones que puedan ser atacadas.
Esta decisión marca una ruptura significativa con su aliado más cercano y pone de relieve el creciente escepticismo sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en América Latina.
Durante años, el gobierno británico, que mantiene control sobre varios territorios en el Caribe, había colaborado con Washington para localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas, permitiendo que la Guardia Costera de EE.UU. las interceptara, abordara a sus tripulantes y confiscara los cargamentos, indicaron las fuentes a CNN.
No obstante, tras el inicio de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en septiembre, el Reino Unido comenzó a preocuparse de que la información proporcionada pudiera usarse para seleccionar objetivos.
Funcionarios británicos sostienen que estas operaciones, que han causado la muerte de más de 70 personas, “violan el derecho internacional”.
La interrupción del suministro de inteligencia comenzó hace más de un mes, añadieron.
Hasta ese momento, la lucha contra el narcotráfico recaía en las fuerzas del orden y la Guardia Costera de EE.UU., que trataban a los miembros de cárteles como delincuentes con derecho a un debido proceso, un enfoque que contaba con la cooperación británica, según CNN.
La administración Trump ha sostenido que las Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden eliminar legalmente a presuntos narcotraficantes, considerándolos “combatientes enemigos” dentro de un “conflicto armado” y alegando que representan una amenaza inminente para ciudadanos estadounidenses. Una opinión legal clasificada del Departamento de Justicia respaldaría esta postura, informó CNN.
Expertos legales advierten que incluso bajo ese marco, la designación de un grupo como terrorista no autoriza automáticamente el uso de fuerza letal. CNN reportó que varias embarcaciones atacadas estaban estacionarias o maniobrando al momento del ataque, lo que contradice la justificación de amenaza inminente presentada por el gobierno estadounidense.
El escepticismo también ha surgido entre altos funcionarios militares. Según CNN, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de EE.UU., presentó su renuncia tras cuestionar la legalidad de los ataques en una tensa reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto. Holsey dejará su cargo en diciembre, apenas un año después de asumir la dirección del Comando Sur.
Además del Reino Unido, Canadá ha optado por distanciarse de estas operaciones. Aunque mantiene la colaboración con la Guardia Costera estadounidense, rechaza que su inteligencia sea utilizada para seleccionar embarcaciones que puedan ser atacadas, según fuentes consultadas por CNN.
Un portavoz de Defensa canadiense declaró el mes pasado que “las actividades de las Fuerzas Armadas canadienses en el marco de la operación Caribe, realizadas en coordinación con la Guardia Costera de EE.UU., son independientes y distintas de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico”.
Agencias Xinhua, El Cooperante
