Sao Paulo.-(Xinhua) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro podrá solicitar el paso al régimen semiabierto después de poco más de seis años y diez meses de cumplimiento de la condena de 27 años y 3 meses de prisión impuesta por el Supremo Tribunal Federal (STF) por intento de golpe de Estado, según opinaron este martes juristas al comenzar la ejecución de la pena.
El proceso fue dado por concluido tras el agotamiento de los recursos posibles luego de que el 11 de septiembre pasado Bolsonaro fuera condenado por 4 votos contra 1 por intento de golpe de Estado, organización criminal armada y abolición violenta del Estado democrático de derecho, además de daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.
El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, determinó que Bolsonaro cumpla la pena en una sala de 12 metros cuadrados de la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde había sido enviado desde la prisión domiciliaria el sábado pasado debido a que intentó romper con una soldadora su tobillera electrónica en un supuesto plan de fuga.
Si bien la condena es a 27 años y 3 meses, la Ley de Ejecución Penal aplica la pena en forma progresiva, por eso Bolsonaro podría alternar un régimen semiabierto (ir a dormir a la prisión u otras salidas parciales controladas) a partir de 2032, de acuerdo al cálculo de abogados.
Para delitos cometidos con violencia o grave amenaza, los condenados deben cumplir el 25 por ciento de la pena para poder solicitar la transición al régimen semiabierto, proporción superior al 16 por ciento aplicable en delitos sin ese agravante, dijo Mauricio Dieter, profesor de criminología de la Universidad de Sao Paulo (USP).
El letrado explicaba que, en el caso de Bolsonaro, «considerando la pena total se llega a 9.945 días» de condena.
Aplicando el porcentual de 25 por ciento, el resultado es de 2.486 días, equivalentes a aproximadamente seis años y diez meses antes de poder solicitar el cambio de régimen.
El abogado criminalista Renato Vieira, también doctor en derecho procesal penal por la USP, coincidió en que el porcentaje debe calcularse sobre el total de penas.
En la misma línea, Helena Lobo da Costa, profesora de derecho penal de la USP, señaló a la prensa brasileña que no todos los delitos atribuidos al exmandatario implican violencia o amenaza directa por lo que el cálculo podría revisarse separando delito por delito.
Además de la condena penal por ser el jefe máximo de un plan para realizar un golpe de Estado durante su gobierno (2019-2022), Bolsonaro está inhabilitado por la justicia electoral a presentarse a cargos públicos.