El estado Bolívar se ha posicionado en el centro del mapa minero global tras la certificación de yacimientos de óxidos críticos en el municipio Piar, este hallazgo, localizado en el Fundo La Aurora (Parroquia Pedro Cova), representa un salto cualitativo para la región al incorporar recursos esenciales para la industria tecnológica, energética y automotriz del siglo XXI.

Así lo informó el diputado Gilberto Alcalá, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), quien vinculó este avance con la reforma de la Ley Orgánica de Minas.

«Este descubrimiento abre una oportunidad histórica. No solo hablamos de minería tradicional, sino de insertar a Bolívar en la cadena de suministros de la tecnología global», afirmó Alcalá.

El legislador detalló que los estudios geológicos, que abarcan unas 540 hectáreas, cuentan con el rigor técnico de laboratorios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Además, adelantó que el potencial de este activo —perteneciente a una sociedad binacional curazoleña-venezolana— ya ha despertado el interés de inversionistas internacionales que visitarán la zona próximamente.

Finalmente, Alcalá destacó que la reforma de ley, trabajada en conjunto con el ministro Héctor Silva, es la pieza clave para diversificar la economía más allá del oro y el hierro, consolidando al estado Bolívar como un actor estratégico en la nueva geopolítica de los minerales críticos.

Nota de prensa

Como una «burla grotesca» calificó el dirigente Coromoto Lugo el reciente ajuste de bonificaciones anunciado por el Ejecutivo Nacional, denunciando que mientras la producción petrolera se recupera y el barril roza los $100, los trabajadores, jubilados y pensionados siguen sumergidos en la miseria con un salario mínimo congelado desde hace tres años.

Lugo fue enfático al señalar que la política de bonificación del salario destruye las conquistas laborales. «Los trabajadores no quieren más bonos que no inciden en vacaciones, aguinaldos ni prestaciones. Lo que el pueblo exige es un salario justo y suficiente que esté acorde al costo de la canasta alimentaria», sentenció.

El dirigente cuestionó el destino de los ingresos nacionales por concepto de crudo y oro. «Nos preguntamos qué está pasando con el dinero que ingresa.

“¿El Gobierno espera que estalle otra olla de corrupción como la de PDVSA-Cripto para explicarle al país por qué no hay dinero para sueldos?», fustigó Lugo, haciendo un llamado a las autoridades a abandonar la «guachafita» y practicar el humanismo que predican.

Señaló que hay un crecimiento petrolero puesto que la producción en ascenso y precios cercanos a los $100 por barril, sin embargo, se mantienen los salarios congelados y bonos que discriminan a los jubilados.

“Hay una especie de inseguridad jurídica ya que la pérdida del valor de las prestaciones sociales por falta de incidencia salarial, es inaceptable que con ingresos masivos por venta de oro y petróleo, el gran perjudicado sea el pueblo de a pie, recibiendo migajas mientras el costo de la canasta básica aumenta a ritmo vertiginoso», dijo.

Ante el incremento «estrepitoso» del dólar oficial y la inflación galopante, el dirigente alertó que los ajustes vía bonos de $30 y $15 se convertirán en nada en pocos días.

Aseguró que el desfase entre el salario mínimo de 130 bolívares y el costo de la vida genera un descontento social que la inyección de divisas no logra contener.

Nota de prensa

El estado Bolívar, epicentro de la actividad minera en Venezuela, alza su voz ante la próxima promulgación de la Ley Orgánica de Minas.

Rachid Yasbek, coordinador de Unión y Cambio en la entidad, advirtió que, aunque la ley ofrece una seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, presenta vacíos críticos que deben ser subsanados para evitar que la riqueza mineral pase de largo por las regiones productivas.

El dirigente destacó tres observaciones fundamentales que presentarán a través de la Fracción Libertad: la urgencia de protocolos de seguridad laboral tras años de accidentes impunes, el fin de exenciones fiscales que calificó de «inconstitucionales» y la descentralización de las regalías mineras.

«No podemos permitir que las regalías se centralicen totalmente. Cada municipio afectado por la extracción debe recibir un porcentaje directo para su desarrollo. Eso es practicar el federalismo que dicta la Constitución», sentenció Yasbek.

Enfatizó que es absurdo que una empresa venga a invertir y no pague impuestos que van al bienestar social». Con esta firmeza, Yasbek cuestionó el artículo 94 de la propuesta de Ley de Minas, señalando que las exenciones fiscales previstas podrían convertir el instrumento en una pieza inconstitucional.

Pese a las críticas, Yasbek ve con optimismo la reinstitucionalización del sector: «Estamos viendo una oportunidad para reconstruir el proyecto no petrolero de Venezuela. Hay empresas listas para volver al hierro, aluminio y acero, pero la ley debe proteger primero a nuestra gente y a nuestros municipios».

Items para considerar

Seguridad Humana: Exigen que la ley incluya permisología y sanciones laborales ante la ola de accidentes en el sur del país. «Hoy el Estado no sigue los protocolos de Ley con el tema de accidentes y condiciones de trabajo”.

Regalías Municipales: Proponen que una cuota de la extracción vaya directo a las alcaldías, más allá de los impuestos de actividad económica.

Control Parlamentario: Las grandes concesiones mineras no deben quedar solo en manos de la Procuraduría; deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional.

Fin de las Exenciones: El Estado debe ser eficiente cobrando menos impuestos, pero no exonerando de sus deberes fiscales a las grandes transnacionales.

(Prensa Unión y Cambio Bolívar)