Dos páginas han sido suficientes para que Ismael Zambada García hiciera tambalear la versión oficial sobre su captura en Estados Unidos y, de paso, sacudiera el tablero político de Sinaloa.
La carta de El Mayo, divulgada por su abogado Frank Pérez el pasado sábado, obligó al gobernador Rubén Rocha Moya, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a posicionarse apenas unas horas después de su publicación.
En el centro del escándalo está el asesinato de Héctor Melesio Cuén, rival político de Rocha, dado a conocer el mismo día del arresto del capo de 76 años y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.
Zambada asegura que iba a reunirse con ambos el día de su sorpresivo arresto, que la cúpula del Cartel de Sinaloa iba a dirimir un conflicto en la principal universidad pública del Estado y que uno de sus escoltas era un comandante de la Policía Judicial estatal.
Sus dichos, que no han sido corroborados, han encendido la polémica por la influencia del crimen organizado en los asuntos públicos de México y han supuesto un primer aviso del alcance que puede tener un potencial acuerdo entre El Mayo y las autoridades estadounidenses del otro lado del río Bravo.
El Mayo afirma que el encuentro estaba programado a las once de la mañana del pasado 25 de julio en Huertos del Pedregal, un lujoso salón de eventos a las afueras de Culiacán, capital del Estado y bastión del Cartel de Sinaloa.
Además de los políticos, estaba previsto que acudiera Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos, la facción del cartel comandada por los hijos de El Chapo.
Zambada saludó a Cuén, “amigo mío desde hace mucho tiempo”, momentos antes de encontrarse con Guzmán López, “a quien conozco desde que era un niño”, quien le pidió que lo siguiera.
“Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza”, relata el capo sobre la supuesta emboscada.
Siempre según esta versión, fue colocado en la caja de una camioneta pick-up y llevado a una pista de aterrizaje a unos 20 minutos, donde abordó el avión privado en el que fue entregado en Estados Unidos por su antiguo socio.
“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del Estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres que querían robar su camioneta”, se lee en la declaración del capo.
“Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, afirma.
El gobernador Rocha negó haber estado presente. “Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa”, zanjó el mandatario durante una visita de López Obrador y Sheinbaum al Estado.
Rocha cuidó no dar ninguna declaración ante la insistencia de los medios de comunicación y consultó con el presidente antes de salir a dar su versión.
El gobernador había dicho días antes que él no estaba en Sinaloa el día del arresto de Zambada y el asesinato de Cuén.
Asegura que tomó un vuelo a Los Ángeles alrededor de las nueve de la mañana, dos horas antes en la línea de tiempo que declara El Mayo.
Rocha tomó un avión de la empresa privada Servicio Ejecutivos Aéreos Viz, del exdiputado priista Jesús Vizcarra y sus hermanos, junto a dos de sus cuatro hijos, dos mujeres y dos nietos, de acuerdo con información publicada por el periodista Marcos Vizcarra en la revista Espejo, que tuvo acceso a las bitácoras de vuelo.
Las dudas sobre el paradero del gobernador se habían esparcido porque no había dado detalles concretos de su visita a California. En la página oficial del Gobierno de Sinaloa había un salto en los comunicados de prensa, con notas del 24 y 26 de julio detallando sus actividades, pero no del 25.
“Estoy fuera del Estado y a la distancia me ha informado el secretario de Seguridad Pública del lamentable suceso en el cual perdió la vida el maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, dijo el mandatario en un video grabado y publicado en sus redes sociales en la madrugada del 26 de julio, donde no aclara dónde se encontraba.
El primer recuento que conectaba el asesinato de Cuén con la captura de Zambada se publicó el pasado 29 de julio en el portal Crash Out Media del veterano periodista Ioan Grillo.
Desde entonces, ya se hablaba de la reunión con el exalcalde de Culiacán, de que el encuentro iba a celebrarse en Huertos del Pedregal y de cómo cuatro de sus guardaespaldas fueron superados en fuerza por los sicarios de Guzmán López.
La versión, atribuida a un antiguo miembro del equipo de seguridad de El Mayo que está tras las rejas, ampliaba los detalles que había dado Pérez sobre la captura de su cliente el pasado 27 de julio, sobre un “secuestro” a manos de Guzmán López, alias El Güero.
Era, además, una alternativa posible a la críptica teoría del robo que había dado la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte de Cuén, diputado electo por el PRI. El texto de Grillo no menciona a Rocha.
La versión de El Mayo es explosiva y problemática para el Gobierno porque ofrece un relato detallado de lo sucedido en comparación con las contradicciones y las dudas que han dominado la versión oficial sobre el arresto.
Zambada dice cómo, cuándo, dónde y por qué fue detenido. Su recuento se apega a las estrategias que se ven en las cortes estadounidenses, donde contar una buena historia es más importante y puede ser más determinante que comprobarla. Siembra dudas, más allá de las pruebas y las declaraciones que ha aportado Rocha.
La carta de El Mayo no surgió de la nada. Un día antes, la Embajada de Estados Unidos en México rompió dos semanas de silencio y fijó la versión oficial de su Gobierno sobre la captura.
Lo hizo con un informe de cinco puntos en los que se resumía que Zambada fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense y se negaba una operación extraterritorial de las agencias de Washington en suelo mexicano.
La Casa Blanca ha sido extremadamente cuidadosa sobre los detalles que iba a compartir con la Administración de López Obrador y la opinión pública, consciente de que sus palabras podían impactar de lleno en la relación bilateral y en el mensaje que se enviaba al Cartel de Sinaloa tras la captura.
Una de las lecturas a partir de la versión oficial, ante la insistencia de Washington y México de que la captura los tomó por sorpresa, es que los únicos que sabían cómo habían acabado en Estados Unidos eran los narcos involucrados: Zambada y Guzmán López.
La mesa estaba servida para el último golpe mediático de El Mayo. Tal como hizo tras la detención, Zambada aprovechó los vacíos en la narrativa que ambos Gobiernos no quisieron o no pudieron llenar.
Una cascada de reacciones han seguido a la publicación de la misiva. La Fiscalía de Sinaloa confirmó el mismo sábado que José Rosario Heras López, el jefe policial que supuestamente cuidaba las espaldas de El Mayo, sí trabaja para la Policía de Investigación de Sinaloa y que se encontraba de vacaciones del 14 al 30 de julio.
Dijo, sin embargo, que mantenía el robo de la camioneta como principal móvil del asesinato de Cuén.
Las autoridades ministeriales revelaron un video este martes en el que se muestra el momento en que una motocicleta se acerca a la camioneta en la que viajaba el político, según el testimonio de su acompañante.
Los hombres abrieron la puerta del vehículo, mientras estaba detenido en una gasolinera, y se fueron del lugar, según las imágenes captadas por una cámara de seguridad.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y señaló el domingo que ya indagaba las afirmaciones de Zambada, con diligencias en los sitios y las personas aludidas.
En ese mismo comunicado, la FGR afirmó que había abierto una carpeta de investigación contra ambos narcos con delitos como “traición a la patria” y “lo que resulte”, dos frases tan ambiguas que arrancaron una sonrisa a López Obrador en La Mañanera de este lunes.
Ni las autoridades ministeriales ni el Gobierno federal han podido ofrecer un relato preciso y distinto a lo que plantea El Mayo sobre lo que sucedió.
López Obrador sí dejó claro que se había molestado por las versiones que vinculaban a Rocha, uno de los gobernadores de Morena, con el narco, sobre todo ante la insistencia de sus rivales de que existe un “narcogobierno”.
“Llegamos [al poder] con la moral en alto, no llegamos dejando trozos de dignidad en el camino, no nos ayudaron los narcotraficantes ni los criminales de cuello blanco”, argumentó el presidente. “No somos corruptos”.
La carta de El Mayo, un veterano de mil batallas del crimen organizado, revive la polémica que se vivió con Genaro García Luna, zar antidrogas de Felipe Calderón, adversario político de López Obrador.
García Luna fue condenado el año pasado en Nueva York por colaborar durante dos décadas con el Cartel de Sinaloa, tras los testimonios de una docena de narcotraficantes mexicanos que declararon en su contra, entre ellos Jesús Rey Zambada, hermano de El Mayo.
López Obrador celebró el fallo por todo lo alto y le sacó rédito político.
El Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza opositora, se atrincheró en las semanas que siguieron al veredicto.
“García Luna no tiene nada que ver con el PAN”, dijo a este diario Marko Cortés, el dirigente nacional.
El escándalo alrededor de Zambada ha invertido los papeles: Morena dice que no se puede dar credibilidad a la palabra de un narco y se defiende de los golpes mediáticos desde Estados Unidos, y el PAN ha pasado a la ofensiva.
Persiste, sin embargo, una diferencia fundamental entre ambos escándalos.
García Luna cayó tras un proceso judicial. Rocha, Cuén y Zambada han sido protagonistas de un juicio mediático, al menos hasta ahora.
La posibilidad de que las declaraciones de El Mayo se judicialicen está en manos de la justicia estadounidense y de la voluntad política de Washington para perseguir las acusaciones.
Ese es el precio de que Zambada sea juzgado en Estados Unidos, previsiblemente en Nueva York, en la misma corte que El Chapo y García Luna.
La carta del capo es una muestra a ambos Gobiernos de que conoce bien ese juego y de que sabe jugarlo.
El País, de España
