(Prensa CPA).- Sí la presidente encargada Delcy Rodríguez, quiere aumentar la producción de oro, es urgente entonces una Reforma a la Ley de Minas y una revisión al decreto que creó la CVM para organizar el sector y lograr ese incremento en la producción.
La declaración pertenece al dirigente y fundador del Centro Político Ampliado, del estado Bolívar, Manuel Aguirre.
Para nadie es un secreto que después del petróleo el sector que más produce ingresos para el país es la explotación de oro. Pero hasta ahora este sector no se ha desarrollado a gran escala, dice.
“Se ha mantenido el mismo desorden que existía desde la época de Amalfi Grossi, pero ahora sobre un área conformada por seis municipios del estado Bolívar y que lleva el nombre del Arco Minero”.
Más de la mitad del estado más grande del país, se encuentra bajo la égida del Arco Minero, administrado por la Corporación Venezolana de Minería, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, agrega.
De lo que se trata es de reformular el Gran Arco Minero. El Gran Arco Minero está compuesto por seis municipios, estos son Gran Sabana, Roscio, Piar, El Callao, Bolivariana de Angostura, Sifontes además del municipio Cedeño, precisa Aguirre.
En el Arco Minero no hay algún planteamiento de desarrollo sostenido. La forma como está concebido no permite nada. Son 111 mil 843 kilómetros cuadrados en completo desorden, acota.
“Hay más de 70 empresas llamadas recuperadoras; el Complejo Domingo Sifontes, conformada por tres empresas del Estado, cuenta con más de 5 mil molinos y hay más de 500 alianzas, que serían las cooperativas”.
Eliminar tanto papeleo
Toda esta estructura de desarrollo industrial para el oro la controla la Corporación Venezolana de Minas que es como el ente regulador que da los permisos para el funcionamiento de las recuperadoras, los molinos y las alianzas mientras el Ministerio de Minas otorga los permisos. Cada pequeño empresario, o cooperativa o gran empresa debe llevar las coordenadas donde se encuentra el terreno o el área a explotar al MinMinas y luego la CVM otorga la autorización para la explotación, explica.
Manuel Aguirre, quien también fue diputado a la Asamblea Legislativa, hoy Consejo Legislativo, señala que todo es muy engorroso, porque dos organismos realizan el trabajo que podría hacer uno solo.
Pero además -advierte- la CVM funciona a través del Complejo Domingo Sifontes, es decir un tercer organismo, que se ocupa de asignar los lotes para la explotación, de la distribución del combustible, otorga los permisos para el traslado de los equipos, para la producción y la extracción y para que a lo largo de las más de 80 alcabalas que hay en la zona sur del estado Bolívar, se pueda pasar sin tantos inconvenientes. Es una verdadera pesadilla, dice.
Claridad económica
Aguirre expresa que todos tenemos información que la CVM recoge el 30% por alianza, por recuperadora, por molino pero ninguna paga nada a esos seis municipios. Al final se repite el mismo esquema que con las empresas básicas de Guayana que producían el acero, el aluminio, y la hidroelectricidad en Bolívar y no dejaban nada en los municipios.
“Destruían las carreteras, contaminaban el ambiente y no dejaban nada. Había que esperar que mandaran el Situado y recursos por Leyes especiales. En el caso de la producción oro, la situación es peor, hay contaminación mercurial en los cuerpos de agua que surten la cadena de represas que generan el 52% más o menos del consumo interno del país, pero además los municipios del Arco Minero sufren un racionamiento eléctrico mortal porque toda la energía se despacha para la producción de oro”.
No es posible -sostiene- que los productores de oro no hayan entregado los recursos necesarios a la CVM para que le instalen su línea eléctrica, lo que tienen es que conectarse a la 115KV que hay hacia el sur y sacar un ramal.
“No es posible que no hayan construido ni un centro de salud, una escuela, que mantengan la vía, cuando los camiones y volquetas circulan a diario por la vía. No sabemos por qué el dinero que se cobra por peajes no se reinvierte y eso es lo que exigimos los guayaneses”, menciona.
Nadie responde por el daño social y el daño ecológico que se le ha hecho al sur del estado Bolívar y el papel de la CVM desempeña no se corresponde con el desarrollo social y económico de esos municipios, acota.
Oro aguas abajo
Manuel Aguirre, del Centro Político Ampliado, está convencido que si hay ordenamiento se puede pensar en crecimiento económico.
Pero además -reitera- que con la Reforma de la Ley de Minas se debe fomentar que regrese la orfebrería del oro, que permite a esos municipios generar puestos de trabajo.
“Eso sería la producción de oro aguas abajo, abrir una escuela para la formación de orfebres, y darle trabajo a los que están. Todo el mundo no tiene porqué producir oro, se puede desarrollar una industria aguas abajo que generaría puestos de trabajo, orgánicos, reales”, concluyó.
