Caracas.- El Senado de los Estados Unidos bloqueó este miércoles un proyecto de ley que pretendía restringir los poderes del presidente Donald Trump en relación con Venezuela. La medida, que buscaba evitar futuras intervenciones militares sin autorización previa, quedó congelada con una votación de 51 votos a favor y 50 en contra.

El liderazgo republicano detuvo la propuesta bajo la premisa de que se trataba de una moción «irrelevante». Según los legisladores, el accionar militar de la administración en la nación suramericana “ha concluido” tras la ejecución de la operación del pasado 3 de enero, en la cual se efectuó la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la cancelación de la segunda “ola”.

Para reforzar esta postura, se citaron garantías ofrecidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró a los congresistas la “nula posibilidad de nuevos despliegues” de tropas en el corto plazo.

Rubio se comprometió a comparecer próximamente ante el Comité de Relaciones Exteriores para detallar las operaciones de los últimos meses.

Debate sobre la ocupación y recursos estratégicos

Por su parte, los demócratas denunciaron que la operación militar, precedida por meses de presión naval en el Caribe, no estuvo motivada por la lucha antinarcóticos o la democracia, sino por el “control del petróleo venezolano”.

Senadores de ambos partidos mostraron preocupación por la posibilidad de que se establezca una nueva doctrina de “intervención” para salvaguardar inversiones privadas de compañías petroleras estadounidenses.

Miembros del Senado, incluyendo a los republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski y Rand Paul —quienes votaron con los demócratas—, insistieron en la necesidad de reafirmar las restricciones constitucionales sobre un Poder Ejecutivo que calificaron de “expansivo”.

El Cooperante

El FBI allanó este miércoles (14.01.2026) la vivienda de una periodista del diario The Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista acusado de retener ilegalmente documentos oficiales clasificados.

El Post calificó la medida de «inusual y agresiva», al señalar que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa.

La reportera afectada es Hannah Natanson, quien cubre la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para el Post y forma parte de un equipo de periodistas que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, protagonizado por una turba de seguidores del actual mandatario, que perdió los comicios presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden (2021-2025).

Natanson se encontraba en su domicilio de Virginia cuando los agentes registraron la vivienda e incautaron su teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente, según informó el propio periódico.

El FBI no investiga a Natanson, sino a Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas de Maryland acusado de acceder y sustraer información de inteligencia de forma ilegal. Consultado por el mismo diario, el FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuló el pasado abril una disposición de la Administración Biden que impedía a las autoridades buscar registros telefónicos de periodistas para identificar a funcionarios del Gobierno que hubieran proporcionado información confidencial a medios de comunicación.

(mn/efe, afp)/DW Actualidad

Venezuela no está incluida en la lista negra de 75 países que tienen suspendidos los procesos de obtención de visas estadounidenses, ya que, según medios estadounidenses, el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió excluir a los nacionales venezolanos de este grupo de naciones.

Los países incluidos son Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil y Birmania.

Además aparecen Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak y Costa de Marfil.

También están incluidos los ciudadanos de Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán y República del Congo.

Siguen en el orden: Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

El criterio del Gobierno de Estados Unidos es que los solicitantes de visas de estas naciones son potenciales demandantes de servicios sociales norteamericanos.

El Departamento de Estado indicó que había girado instrucciones a los oficiales consulares para suspender las solicitudes de visas de inmigrante de los países afectados, de acuerdo con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas para los posibles inmigrantes que podrían convertirse en «cargas públicas» para Estados Unidos.

Esta decisión se inserta en la estrategia de recortes presupuestarios que ha adoptado la administración del presidente norteamericano Donald Trump.

Igualmente, la disposición se basa en las prohibiciones de inmigración y traslado que ordenó previamente el gobierno estadounidense en casi 40 países y es parte de los esfuerzos continuos de Trump por endurecer los estándares de ingreso de extranjeros al país.

«El gobierno de Trump está poniendo fin al abuso del sistema de inmigración de Estados Unidos por parte de aquellos que extraerían riqueza del pueblo estadounidense», declaró el departamento en un comunicado.

«El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países quedará suspendido mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que requerirían de asistencia social y beneficios públicos», añadió el comunicado.

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