Natasha Bertrand, CNN

Los presuntos narcotraficantes muertos por un ataque de las Fuerzas Armadas de EE.UU. el 2 de septiembre se dirigían a reunirse con otra embarcación, de mayor tamaño, que tenía como destino Surinam —un pequeño país sudamericano al este de Venezuela—, según informó el almirante encargado de la operación a legisladores, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento directo de sus declaraciones.

Según inteligencia recopilada por las fuerzas estadounidenses, la embarcación atacada planeaba “encontrarse” con la segunda nave y transferirle drogas, explicó el almirante Frank Bradley durante las sesiones informativas, pero las Fuerzas Armadas no lograron ubicar la segunda embarcación.

Bradley argumentó que aún existía la posibilidad de que el cargamento de drogas pudiera finalmente llegar de Surinam a Estados Unidos, dijeron las fuentes, y señaló a los legisladores que eso justificaba atacar la embarcación más pequeña aunque no se dirigiera directamente a costas estadounidenses en ese momento.

Funcionarios estadounidenses de control de drogas afirman que las rutas de tráfico vía Surinam se destinan principalmente a mercados europeos. Las rutas hacia Estados Unidos se han concentrado en el océano Pacífico en los últimos años.

Este nuevo detalle añade otra complicación al argumento del Gobierno de Trump de que atacar varias veces la embarcación, y matar a los sobrevivientes, era necesario para proteger a Estados Unidos de una amenaza inminente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa en Florida poco después del ataque que la presunta embarcación de narcotráfico “probablemente se dirigía a Trinidad o a otro país del Caribe”.

Sin embargo, el presidente Donald Trump dijo en una publicación al anunciar el ataque el 2 de septiembre que “el ataque ocurrió mientras los terroristas estaban en el mar, en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales, rumbo a Estados Unidos”.

Bradley, quien estaba al mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en el momento del ataque, también reconoció que la embarcación había dado la vuelta antes de ser atacada, porque las personas a bordo parecieron ver la aeronave estadounidense, de acuerdo con las fuentes.

CNN informó en septiembre que la embarcación dio la vuelta antes de ser atacada.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses finalmente atacaron la embarcación en cuatro ocasiones: la primera partió la nave en dos y dejó a dos sobrevivientes aferrados a una parte volcada, informó CNN el jueves. En el segundo, tercer y cuarto ataque los mataron y hundieron la embarcación.

Los sobrevivientes también hacían señas hacia algo en el aire, según Bradley, aunque no está claro si intentaban rendirse o pedir ayuda a la aeronave estadounidense que habían avistado.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se considera crimen de guerra matar a náufragos, lo cual el manual de derecho de guerra del Pentágono define como personas “que necesitan asistencia y cuidado” y que “deben abstenerse de cualquier acto hostil”.

Aunque la mayoría de los republicanos han expresado su apoyo a la campaña militar más amplia del presidente Donald Trump en el Caribe, el ataque secundario del 2 de septiembre ha generado un escrutinio bipartidista, incluyendo, de manera significativa, una promesa del Comité de Servicios Armados del Senado de realizar una investigación.

El papel de Hegseth en el segundo ataque —incluidas las órdenes precisas que dio a Bradley— sigue siendo objeto de escrutinio.

A los legisladores se les informó el jueves que Hegseth había dejado claro antes de la misión que los ataques debían ser letales, informó CNN, pero que no se le informó sobre los sobrevivientes hasta después de que estos murieran, dijo una de las fuentes con conocimiento directo.

Bradley entendió que el objetivo de la misión era matar a las 11 personas a bordo y hundir la embarcación, señaló un funcionario estadounidense.

Sin embargo, la orden no era específicamente matar a todos y no dar cuartel, lo que significa que quien se rinda debe morir, lo cual tiene “implicaciones específicas” y es ilegal, dijo el funcionario.

Haley Britzky, Katie Bo Lillis y Evan Perez de CNN contribuyeron a este informe.