Un juez de Estados Unidos aprobó, este martes 25 de noviembre, la oferta de US$5.900 millones realizada por Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, en la subasta organizada por el tribunal para la empresa Citgo Petroleum, allanando el camino para ordenar la venta de PDV Holding, propiedad de Venezuela.
El juez Leonard Stark, de Delaware, desestimó las objeciones pendientes a la oferta y fijó el viernes próximo como fecha límite para la presentación de un informe que incluya cualquier otro asunto importante que pudiera haberse pasado por alto.
Asimismo, Stark solicitó a Robert Pincus, el funcionario judicial que supervisa el proceso, que presente una propuesta de orden de venta con tiempo suficiente para su firma el próximo lunes, para lo cual las partes -incluida Venezuela- deben llegar a un acuerdo sobre los términos.
«La oferta de Amber ofrece la mejor combinación general de precio y certeza de cierre de todas las ofertas presentadas», escribió Stark, calificando el proceso de justo y equitativo.
La decisión confirma un cambio respecto a la recomendación formulada en agosto por el funcionario judicial Robert Pincus, tras una guerra de ofertas en la recta final de la competencia, en la que se presentaron nuevas y mejores ofertas por el control de Citgo, la séptima refinería más grande en Estados Unidos.
El principal atractivo de la oferta de Amber Energy, la filial Elliott Investmen, es que ofrece un pago de US$2.100 millones a los tenedores de un bono venezolano en mora garantizado con acciones de Citgo, lo que se espera que elimine un obstáculo clave para tomar propiedad de los activos de la empresa.
Un total de 15 acreedores han luchado durante ocho años en un caso para recuperar casi US$19.000 millones en tribunales estadounidenses, después de que Venezuela expropiara activos e incumpliera el pago de su deuda.
Evercore, firma que asesora al tribunal, valoró a Citgo en aproximadamente US$13.000 millones como parte de la subasta, pero Venezuela ha argumentado que su valor supera los US$18.000 millones.
Stark rechazó previamente las mociones de las partes venezolanas y de Gold Reserve para descalificarlo, así como las del funcionario judicial que supervisa el proceso y de dos firmas que asesoran al tribunal sobre un presunto conflicto de intereses.
La decisisón de Stark aún necesita la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros organismos reguladores. Hasta ahora no está claro si se había fijado una fecha límite para recibir respuestas de dichas autoridades.
«Si la OFAC otorga una licencia a Amber Energy, y si la sentencia de este Tribunal no se revoca en apelación, muchos de los acreedores judiciales que han gastado años y millones de dólares intentando recuperar miles de millones de dólares en sentencias, para compensarlos por los daños infligidos por una o más de las partes de Venezuela hace años o décadas, finalmente obtendrán alivio», escribió Stark.
Gold Reserve y sus acreedores Siemens Energy, Consorcio Andino, Valores Mundiales, Gramercy Distressed Opportunity Fund y G&A Strategic Investments intentaron descalificar la oferta de Amber Energy, argumentando que la determinación de Pincus de que su precio era superior descartaba los procedimientos de licitación. Su moción fue denegada en septiembre.
La selección de la oferta de Amber significa que esos acreedores apenas recuperarán nada de las demandas que ganaron contra Venezuela por impagos de deuda y expropiaciones de activos, según una lista de prioridades establecida por el tribunal para la distribución de los ingresos de la subasta.
Sin embargo, grandes acreedores, como ConocoPhillips y las mineras Crystallex y Rusoro están listas para recuperar miles de millones de dólares de las ganancias, detalla una nota de la Agencia Reuters.
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