Caracas.- La defensa del excapitán de la Guardia Nacional (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, solicitó ante un tribunal del estado Carabobo el sobreseimiento de su causa, al considerar que su caso encaja en los supuestos establecidos en el artículo 8 de la recientemente aprobada Ley de Amnistía.

La petición también incluye a otros cuatro militares vinculados al caso ocurrido en 2017. Según lo difundido por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales en la red social X, los abogados argumentan que» no existe impedimento legal para excluir a Caguaripano de la aplicación de la norma y que su situación no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 9 de la Ley».

“Caguaripano y sus compañeros están dentro del supuesto contemplado en el artículo 8 por hechos ocurridos en 2017. Además, tampoco está en las exclusiones del artículo 9”, indicó la organización en su publicación.

El Comité sostuvo que el caso representa una prueba para la Ley de Amnistía y cuestionó su alcance. En el mismo mensaje señaló que, a su juicio, la normativa “no pasa ningún estándar internacional en materia de derechos humanos”, pero agregó que tampoco parece superar “las pruebas que ponen los propios casos que pretende amnistiar”.

Sobre su caso

Caguaripano fue capitán de la GNB. En 2014 fue dado de baja del componente militar luego de manifestar públicamente su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y denunciar presuntas «irregularidades» dentro de la institución armada.

El 6 de agosto de 2017 encabezó el asalto al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, acción que denominó “Operación David Carabobo”. En un video difundido ese día, apareció junto a un grupo de hombres armados y llamó a la conformación de un gobierno transitorio. El hecho fue calificado por el Ejecutivo como un «acto terrorista».

Fue detenido el 11 de agosto de 2017 en Caracas. Desde entonces ha permanecido bajo custodia del Estado. Inicialmente estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como “La Tumba” y posteriormente fue trasladado a El Helicoide. En los últimos años ha sido mantenido en el centro penitenciario Rodeo I.

Su defensa y familiares han denunciado presuntas «torturas y tratos crueles» durante su detención, señalamientos que han sido elevados ante instancias internacionales. En abril de 2022, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas solicitó información al Estado venezolano sobre su situación.

El Cooperante

Caracas.-(Xinhua) — La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela recibió hoy miércoles las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, por lo que declararon «urgencia reglamentaria» para designar a los encargados.

«AN recibe renuncia del fiscal general y del defensor del pueblo», publicó la Asamblea en su cuenta de la red social Telegram. Ante ello, agregó que declaró «urgencia reglamentaria para designar a encargados» del Ministerio Público (Fiscalía) y de la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente, en sesión ordinaria, el Parlamento designó un Comité Preliminar para evaluar las postulaciones para los cargos vacantes. Los diputados votaron por mayoría la designación de Larry Devoe como fiscal general encargado.

El abogado venezolano es integrante del programa para la paz y la convivencia, promovido por el Ejecutivo, y funge como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Además, aprobó que el fiscal saliente, Tarek William Saab, asumiera como defensor del pueblo encargado. La propuesta fue realizada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien durante la sesión leyó las cartas de renuncia de ambos funcionarios.

De igual forma expresó su agradecimiento a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz porque «supieron llevar las riendas de sus responsabilidades en complejísimo tiempo y en absoluto apego a la Constitución».

Rodríguez pareció que en el país, actualmente, se viven «tiempos complejos, tiempos interesantes». Dijo que estas designaciones deben contribuir para que las instituciones del Estado participen en todos los procesos y «donde sea necesario establecer correctivos, se establecerán».

Un grupo de trabajadores de una empresa coreana que le prestaba servicios a Pdvsa en Anzoátegui, está desde el 2018 solicitando que les paguen lo que se les adeuda por concepto de liquidación.

Vía redes sociales hicieron la denuncia. Precisaron que son 1200 familias, que “han ido disminuyendo porque algunos han fallecido, mientras otros se han marchado del país”.

Mediante un escrito denunciaron que la empresa cuando paralizó labores les dijo que pronto comenzarían a trabajar otra vez como contratista de Pdvsa, “pero eso nunca ocurrió. Y además se marcharon y les pagaron a unos 300 dólares y a otros nada”.

Estamos solicitándole a la presidenta Delcy Rodríguez, que ya que en marzo se reinicia la actividad laboral en este sector del estado Anzoátegui, aspiramos no sólo a que nos paguen sino también a que se nos de trabajo”.

Precisaron, en su escrito que todos son profesionales, hay  albañiles, cabilleros, electricistas, mecánicos, instrumentistas, aparejador de carga, choferes.  Señalan que se han vencido tres contratos colectivos y no les han pagado nada.

No han dejado de luchar. Aseguran que todos sus derechos laborales fueron violentados; ni el sindicato petrolero ni la inspectoría del trabajo procuraron resolver la situación a los padres y madres de familia que laboraban con la empresa coreana.

Dentro de las precisiones hechas, los trabajadores acusaron formalmente a quien actuaba como inspector del trabajo, Rusbel Rondo y a  la ciudadana María Carvajal, de dedicarse “a fatigarnos, a atormentarnos, desconocieron nuestros derechos y se pusieron de lado de la empresa contratista”.

Queremos justicia, dijeron. Queremos que la presidenta encargada Delcy Rodríguez haga que la Ley se cumpla, que el Fiscal Tarek William Saab, investigue este caso, concluyeron.

Nota de redacción

El Ministerio de Obras Públicas ejecuta la transformación de El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural. El proyecto, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca readecuar esta infraestructura para el beneficio de la familia policial y de las comunidades vecinas.

La recuperación del recinto forma parte de una política de renovación de espacios públicos. El objetivo central es elevar el bienestar social mediante la creación de áreas comerciales y recreativas en zonas anteriormente restringidas.

Según informó la cuenta institucional Miraflores Al Momento, los trabajos avanzan bajo la premisa de «poner por obra la palabra empeñada», convirtiendo el antiguo centro de detención en un punto de encuentro ciudadano.

Consulta y ejecución técnica

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, detalló que el proceso incluyó un levantamiento arquitectónico y consultas directas con la comunidad.

La fase de planificación concluyó en tiempo récord, permitiendo que la ejecución iniciara en menos de un mes tras su aprobación.

El ministro Ramírez aseguró que la obra responde a un diseño arquitectónico moderno y funcional.

El anuncio sobre la transformación de El Helicoide en centro social y comunitario fue realizado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el pasado 30 de enero durante el acto de aertura del año judicial en el país.

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